Durante los últimos ocho meses, las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Colegio de Abogados de Nueva York han sido incapaces de lograr la liberación de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni, quien languidece en una repleta prisión en las afueras de Caracas.
Ahora, algunos de sus aliados preparan un nuevo plan: elegirla al Parlamento Nacional. Si gana las elecciones el 26 de septiembre, tiene derecho a la inmunidad parlamentaria y pudiera quedar en libertad.
Se espera que las elecciones del próximo mes den a la oposición una oportunidad de arrebatarle algún grado de poder a los partidarios del presidente Hugo Chávez, que han dominado el Parlamento desde el 2005. Pero algunos también esperan usar la votación para centrar la atención en un sistema judicial que, según alegan, se ha convertido en un arma política para reprimir a los disidentes.
El partido independiente La Base Decide ha incluido en su boleta a Afiuni y a otras dos personas que considera presos políticos, un policía y un soldado.
“Están presos por cumplir su trabajo”, dijo el lider partidista y personalidad radial Iván Ballesteros. “Son el ejemplo vivo del abuso de poder del gobierno”.
Aunque las definiciones varían, el grupo defensor de derechos jurídicos Justicia y Proceso calcula que en Venezuela hay unos 28 presos políticos.
Afiuni provocó la ira del gobierno el 10 de diciembre cuando ordenó la liberación del banquero Eligio Cedeño hasta que se fijara una audiencia. Cedeño estaba esperando juicio desde hacía tres años bajo cargos de fraude fiscal y contrabando.
Sentada sobre una cubeta boca abajo y fumando sin parar en su celda pintada de blanco, Afiuni dijo que en el expediente de Cedeño no hay nada que amerite su detención. Además, los fiscales no se han presentado repetidamente en las audiencias del caso y la ONU calificó recientemente su detención de ilegal.
Cedeño fue liberado y menos de una hora más tarde Afiuni estaba tras la rejas acusada de corrupción y abuso de poder.
Días más tarde, Cedeño huyó a Estados Unidos, donde ha solicitado asilo. El abogado de Cedeño no contestó a varias llamadas y mensajes electrónicos en busca de comentario.
Al día siguiente de su detención, Chávez calificó a Afiuni de “bandida” en la televisión nacional y sugirió que la habían sobornado. La fiscalía finalmente reconoció que no había habido soborno pero mantiene la acusación de corrupción.
Chávez también exigió que la condenaran a 30 años, la sentencia más fuerte, que por lo general se reserva para los asesinos. Al día siguiente volvió a la televisión y dijo que en otra época a la jueza la habrían fusilado por su delito.
En vez de encarcelarla en una prisión para condenados por delitos administrativos, Afiuni fue enviada a una prisión llena de presos comunes, entre ellos más de dos docenas a los que había condenado como jueza durante su carrera de dos décadas. La jueza comparte su pequeña celda con otras dos personas. Varios prisioneros trataron de prenderle fuego en una ocasión.
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