Ricardo Guanipa d’Erizans - Andorra congeló cuentas bancarias de allegados del presidente Hugo Chávez, como parte de una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos iniciada en Miami.
Según información suministrada por el gobierno, las cuentas pudieran estar vinculadas al financiamiento del terrorismo.
En su primera página, el Diari d’Andorra, principal periódico del principado que se publica en catalán (www.diariandorra.ad), informó que funcionarios de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero (UPB) bloquearon esos activos “tras las pesquisas correspondientes y certificar la existencia de las cuentas y contrastar la información recibida desde Estados Unidos”. Entre los titulares de las cuentas estarían “familiares más o menos cercanos al dirigente venezolano”, precisó.
EL DINERO QUE ENTREGO HUGO CHAVEZ A LA ETA Y LAS FARC
Según el artículo, que cita fuentes oficiales andorranas, sólo en Miami “había miles de millones de dólares de procedencia más que dudosa y con posibles vínculos con la financiación del terrorismo”. De las organizaciones que pudieran beneficiarse de esta ayuda se mencionan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los grupos islámicos Hezbolá, Hamas y Al Qaida, los Guardianes de la Revolución de Irán y la ETA.
El bloqueo se produjo debido a que las cuentas “tienen una doble vinculación”, destacó la nota. En primer lugar, los titulares de las cuentas “serían personas de un amplísimo entorno de poder” vinculado a Chávez, a quienes se ha identificado bajo el criterio de “personas políticamente expuestas (PEP)”, según las normas estadounidenses para combatir el lavado de dinero.
La segunda vinculación tiene que ver con el posible uso de estas cuentas para el ”financiamiento del terrorismo”, indicó el diario.
“Los expertos estadounidenses descubrieron cuentas y sumas importantes de dinero que tienen como titulares a destacados funcionarios del gobierno venezolano, algunos militares de ese país y un buen grupo de personas consideradas PEP”, precisó la publicación.
Un papel importante en la apertura de estas cuentas lo habrían jugado “miembros de la llamada élite bolivariana, empresarios que supuestamente con el beneplácito del Presidente habrían obtenido contratos gubernamentales poco ortodoxos”, indicó la información. Además, agregó, las autoridades de Estados Unidos investigan cuentas de venezolanos en Panamá y China.
EN EL 2008, el Departamento del Tesoro ordenó congelar cuentas y activos de tres altos funcionarios venezolanos: el general Hugo Carvajal, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM); el general Henry Rangel Silva, entonces director de la Dirección de los Servicios de Seguridad y Prevención (DISIP), y el capitán retirado Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Interior y Justicia.
Los tres funcionarios fueron acusados por el Departamento del Tesoro de ayudar materialmente a las FARC en el tráfico de drogas, según Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de esa entidad.
LOS CRIMENES QUE HUGO CHAVEZ SE NEGO A INVESTIGAR
El gobierno federal culminó el proceso de confiscación de propiedades y cuentas bancarias de Gerardo Chávez, un ex alto funcionario de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), condenado por recibir sobornos de una empresa de blindajes de automóviles de Venezuela.
También fueron confiscados los fondos de una cuenta bancaria en Miami a nombre de Roberto José Pérez Hernández, presidente y propietario de Blindajes del Caribe (Blincar), empresa de Caracas involucrada en el pago de los sobornos.
Pérez, quien no afronta cargos y colaboró con la investigación del FBI, obtuvo en marzo pasado un plazo de 60 días para explicar el origen de los fondos.
Chávez fue agregado del ICE en la embajada en Caracas entre el 2000 y el 2005. En noviembre del año pasado se declaró culpable de recibir más de $170,000 en sobornos y aceptar una promesa de otro pago de $87,000, a cambio de ordenar la compra de carros blindados para embajadas de América Latina.
Además de los sobornos, Chávez recibió $250,000 en dineros no declarados que, según su abogado, recaudó en inversiones en el polémico mercado paralelo de divisas de Venezuela.
Al momento de iniciarse la investigación, Chávez había sido ascendido a subdirector asistente de Operaciones Internacionales del ICE en Washington.
Un juez federal del Distrito Este de Virginia lo condenó en noviembre a siete años y medio de prisión por aceptación de sobornos y lavado de dinero.
En el proceso judicial surgieron detalles que muestran que el funcionario no sólo abusó de su cargo sino que se extralimitó en sus relaciones con la sociedad venezolana en un agitado estilo de vida que acentuó su dependencia al licor.
Chávez mantuvo “relaciones inapropiadas con acaudalados empresarios venezolanos” lo cual incluía salidas a vacaciones en jets privados, afirma uno de los documentos.
Aunque no se le acusó de fraudes migratorios, en una de las mociones los fiscales señalaron como agravante de su conducta el hecho de que Chávez aprobó una inusitada cantidad (325) de trámites preferenciales para expedir visas a EEUU a solicitud de sus amigos empresarios o como un favor de su parte.
En la lista aportada al expediente se indica que uno de los beneficiados con el proceso especial “Tipo A” fue Hugo Armando Carvajal Barrios. Este nombre coincide exactamente con el del jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar de Venezuela, a quien EEUU señaló luego como colaborador de la guerrilla colombiana en el negocio del narcotráfico y el suministro de armas.
Carvajal fue incluido en septiembre del año 2008 en la lista negra del Departamento del Tesoro por sus supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La medida se produjo un día después que el presidente Hugo Chávez anunciara la expulsión del embajador estadounidense Patrick Duddy.
CHAVEZ SE LAVA CON NARCOTRAFICANTE JABON
El asunto no tendría mayor importancia para Colombia de no ser porque desde hace varios años, y especialmente en 2007, el nombre del general Carvajal se ha visto salpicado por casos de extrema gravedad que atentan contra la seguridad nacional de Colombia.
Dos agencias de inteligencia de países con gran experiencia en materia de espionaje tienen información que consideran altamente confiable de que Carvajal ha facilitado protección y documentos de identificación a guerrilleros y narcotraficantes de Colombia en territorio venezolano –incluido el recién asesinado capo Wílber Varela, ‘Jabón’ (ver siguiente artículo)–. Y como si fuera poco, el general está en la mira de estas agencias por su supuesta participación en la tortura y el asesinato de dos miembros del Ejército colombiano que, según información de Bogotá, perseguían a guerrilleros que estaban refugiados en Venezuela.
Lo más paradójico es que Hugo Carvajal es un hombre prácticamente desconocido en Colombia, a pesar de ser el jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar (Dgim), un organismo de carácter militar que está a la misma altura del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior y recibe instrucciones, responde y rinde cuentas sólo al Presidente de la República, Hugo Chávez. “Hoy en día la Dgim es un monstruo de siete cabezas que tiene un perfil relativamente bajo pero su poder es inmenso. Sería como si en Colombia existiera una entidad, bajo el mando de un solo hombre, que manejara la Inteligencia de las Fuerzas Militares, la Policía, el DAS y el CTI”, dijo a SEMANA un oficial de la Dgim que pidió el anonimato.
¿Por qué se viene a conocer esto ahora? ¿Qué se está moviendo detrás de todo esto?
SEMANA habló con cuatro oficiales activos de diferentes organismos de inteligencia y de la fuerza pública venezolana y ellos explican que la información comenzó a filtrarse en la medida en que el general Carvajal, con acciones irregulares, se fue granjeando la animadversión de sectores de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y otros organismos de seguridad.
Dicen los testigos que aparte de sus relaciones con la guerrilla, Carvajal le ha dado gran importancia a la contrainteligencia y ha cometido excesos que van desde cacerías de brujas injustificadas hasta torturas de miembros de las propias FAN por simples sospechas de deslealtad. Muchos uniformados en el interior de las Fuerzas Militares inconformes con esta situación han decidido denunciar o entregar información a cambio de recompensas.
Por eso no es extraño que diarios como El País de España y The Washington Post de Estados Unidos hayan publicado en los últimos meses informes sobre los nexos entre uniformados de Venezuela y guerrilleros de las Farc. Ya en octubre de 2005 SEMANA reveló las relaciones de dos generales de la Guardia Nacional (GN) con la mafia colombiana, publicación que dio lugar a que la Vicepresidencia del vecino país anunciara una investigación formal.
Pero ninguna de las revelaciones hasta ahora conocidas es tan grave y preocupante como la información a la que tuvo acceso esta revista sobre el general Carvajal.
SEMANA intentó infructuosamente tener alguna reacción por parte de miembros de la Dgim en Caracas. También habló con el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Bogotá para conocer alguna reacción oficial del gobierno venezolano a las denuncias, pero al cierre de esta edición no había sido posible.
Habla con ‘Grannobles’
Hugo Carvajal nació el primero de abril de 1960 en Puerto La Cruz, en el occidente de Venezuela. Desde hace ocho años está vinculado a la Dirección General de Inteligencia y en julio de 2004 fue nombrado por Chávez como director de esa entidad. Pese a su gran poder, es un hombre de un perfil muy bajo. Conocido con el sobrenombre de el ‘Pollo’, por su apariencia física, algunas de las actividades en las que se ha visto involucrado hablan por sí solas.
Un oficial activo de la Guardia Nacional venezolana, que habló con SEMANA bajo la condición de mantener el anonimato, reveló que a mediados de mayo de 2006 el general Carvajal sostuvo una reunión con Germán Briceño Suárez, alias ‘Grannobles’, un importante jefe de las Farc y hermano del ‘Mono Jojoy’. “La reunión tuvo lugar en la finca llamada Corocito, ubicada en San Silvestre, estado Barinas. En el lugar había efectivos de la Guardia, la Disip y la Dgim.
Era un grupo de aproximadamente 20 personas, aunque había más en la seguridad perimetral a cargo de la GN. De la guerrilla estaba Briceño (‘Grannobles’) acompañado por un pequeño grupo de cinco a siete irregulares. Después, en dos helicópteros de las FAN llegaron otros 21 guerrilleros”, afirma el oficial que dice haber estado presente en el encuentro.
Según él, el general Carvajal y el guerrillero Briceño hablaron sobre estrategias de coordinación política, militar y económica. Carvajal se habría comprometido a suministrar apoyo logístico y comida a los frentes que actúan a lo largo de la frontera. “Briceño le pidió a Carvajal protección por parte de la Disip para un grupo de 21 guerrilleros que llegaron en los helicópteros, ya que operan en diferentes lugares de Venezuela. Le pidió al general suministrarles a esas personas documentos de identidad así como credenciales que los acreditaran como miembros de la Disip o de la Dgim para poder moverse mucho más tranquilamente en territorio venezolano”, dijo el oficial a SEMANA.
Uno de los guerrilleros que gozan de estos privilegios es Yeison Armando Escobar, alias ‘Cocorinche’, miembro del frente 45 de las Farc. “En octubre del año pasado ‘Cocorinche’ fue uno de los designados por las Farc para coordinar personalmente con el general Carvajal los temas de seguridad y la logística para el desplazamiento de Iván Márquez a Miraflores para el encuentro con el presidente Chávez”, afirmó a SEMANA el oficial de la GN, quien dice además que el subversivo cuenta con carné de la Disip y de la Dgim, así como permiso para porte de armas.
Otro de los oficiales que se destapó con SEMANA, un comisario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, o Policía política (Disip), añadió que también les dieron ese tipo de documentos oficiales a Didier y Yesid Ríos. “Desde octubre de 2007 ellos están viviendo en Isla Margarita y allá cuentan con seguridad permanente por parte de miembros de la Dgim, asignados por el general Carvajal”.
Conocidos en Colombia como ‘el clan de los Ríos’, Didier y Yesid hacen parte de una familia que trabajó durante años para el comandante del Frente 16 de las Farc, Tomás Medina Caracas, alias el ‘Negro Acacio’, en envío de droga y lavado de activos.
Didier, Yesid y otros seis miembros del clan escaparon hacia Venezuela en 2001 después de la ofensiva que lanzó el Ejército contra el ‘Negro Acacio’ y que fue conocida como Operación Gato Negro. En noviembre de 2005 el DAS y la Fiscalía colombiana incautaron propiedades que el ‘clan de los Ríos’ administraba para las Farc valoradas en 30.000 millones de pesos.
No es la primera vez que el nombre del general Carvajal aparece vinculado a la protección y suministro de credenciales oficiales de organismos de inteligencia venezolanos a guerrilleros y narcotraficantes. SEMANA tuvo acceso a los carnés que le fueron suministrados a Hermágoras González, un narco colombiano solicitado en extradición por Estados Unidos, quien desde hace varios años se refugió y trafica en el estado Barinas.
El nombre de este narcotraficante colombiano salió a la luz pública en octubre del año pasado en un reportaje de The Washington Post como uno de los mayores exportadores de coca hacia Norteamérica y Europa. Hermágoras, que es enlace de traficantes colombianos, entre ellos el asesinado Varela, se mueve libremente por Venezuela con dos identificaciones oficiales.
Una lo acredita como comisario de la Disip y otra, como agente de inteligencia de la GN. Un informe elaborado por la propia GN, al que tuvo acceso esta revista, relata la irregularidad (ver fotos y facsímil). “La orden de suministrar los documentos oficiales a Hermágoras González así como a otros narcos y guerrilleros se la dio el general Carvajal a Pedro Luís Martín, que era el director de inteligencia de la Disip y ahora es uno de los hombres de confianza del general”, afirmó el funcionario de la Disip que habló con SEMANA.
A estos indicios se suma también una grabación en manos de agencias extranjeras que demostraría que el general Carvajal les dio la voz de alerta a narcotraficantes para que evadieran una importante operación antidrogas. “El 5 de septiembre de 2007 se iba a realizar una operación para incautar 2.900 kilos de cocaína que estaban escondidos en un almacén en la ciudad de Puerto La Cruz y que iban a ser exportados a Europa. La droga pertenecía a varios narcotraficantes colombianos y un porcentaje del cargamento era del frente 10 de las Farc.
Se detectó una llamada del general Carvajal a miembros de la GN y la Dgim que custodiaban el cargamento alertando sobre el inminente operativo. La droga fue cambiada de lugar y la operación se frustró”, dijo a SEMANA un miembro de un servicio de inteligencia extranjero que estaba coordinando la operación.
¿Orden de asesinatos?
El nombre del general Carvajal ha estado relacionado con asuntos aun más complejos.
En julio del año pasado, el general fue alertado por uno de sus hombres de confianza de la Disip sobre la efectiva colaboración que venía suministrando un informante de apellido Rodríguez a la DEA en la cual quedaba muy mal parado por nexos con narcos un importante industrial venezolano cercano al gobierno de Caracas. “En Estados Unidos se estaba adelantando una causa judicial contra el empresario que permitiría atacar una red de traficantes y lavadores que actúa en Colombia y Venezuela.
Rodríguez era clave en el caso.
Después de ser alertado de que él estaba colaborándonos, Carvajal dio la orden a un equipo de hombres del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas(Cicpc) quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a Rodríguez”, dijo a SEMANA un agente de la DEA asignado en Venezuela. El caso es conocido, según él, por el coronel Néstor Reverol, presidente de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela (ONA).
Aunque todos los hechos anteriores dejan ver muy graves actuaciones del general Carvajal, quizás el señalamiento más grave tiene que ver con el papel que el jefe de la Dgim habría jugado en la tortura y el asesinato de dos miembros del Ejército colombiano en territorio venezolano. En abril del año pasado SEMANA reveló la historia del homicidio del capitán Camilo González y del cabo Gregorio Martínez.
Los uniformados se infiltraron en territorio venezolano para dar con guerrilleros colombianos que actuaban en ese país.
Pero fueron descubiertos y brutalmente torturados y asesinados en la sede de la GN localizada en Santa Bárbara, estado Zulia. “Los que descubren a los militares colombianos y se dan cuenta de que están haciendo inteligencia son oficiales de la Policía de Santa Bárbara. Ellos los capturan y los llevan a la sede del Destacamento de Apoyo Aéreo Número 1 de la Guardia Nacional. Desde allá se le comunica la captura al general Carvajal, quien envía a un coronel de la Dgim. Él es quien se encarga de torturar a los colombianos durante varios días. En algunos de los interrogatorios estuvo presente un guerrillero que nos dijeron era del ELN. Después de sacarles toda la información, el coronel llamó al general Carvajal para ver qué hacía con ellos.
Carvajal le da la orden de ejecutarlos.
Lo hizo porque sabía que, como estaban en una actividad de espionaje, el gobierno de Colombia no podía protestar y, además, era un claro mensaje a los militares colombianos de lo que les espera a los que descubran acá (en Venezuela)”. Este escabroso relato fue narrado a SEMANA por un oficial de la GN que prestaba su servicio en la guarnición en donde fueron asesinados los militares.
El oficial afirmó que el coronel al que le encargaron la tortura es un hombre de toda la confianza del general Carvajal. “Él (el coronel) trabajó en San Cristóbal en el año 2005 y allí se convirtió en un contacto clave de la Dgim con la guerrilla colombiana”, dice el oficial de la GN. “Siempre fue más cercano del ELN que de las Farc, tanto que la gente del ELN se refería a él como ‘comandante Raúl’”.
El general Carvajal está, pues, en la mira de las agencias de inteligencia como lo estuvo en su momento Vladimiro Montesinos: el hombre que concentró todo el poder de la inteligencia en Perú mientras les vendía armas a las Farc. Sin duda, los señalamientos contra el general Hugo Carvajal son de tal gravedad, que el gobierno de Venezuela tendrá que aclarar.
Los infiltrados- Un capitán y un cabo de inteligencia del Ejército colombiano fueron brutalmente asesinados en territorio venezolano. ¿Caso aislado o advertencia?
La semana pasada, en una funeraria de Bogotá se estaba velando un ataúd sellado. La ceremonia fue discreta y rápida. Adentro estaba el cuerpo sin vida del capitán Camilo González, oficial de la inteligencia militar adscrito a la regional de Inteligencia de la Primera División del Ejército, más conocida como Rime uno, ubicada en Santa Marta. Su cuerpo tenía señales de torturas brutales: choques eléctricos, quemaduras con ácido y varios disparos de fusil. Dos semanas atrás, en Bogotá, habían recibido un cadáver con señales similares. El del cabo Gregorio Martínez. Ambos militares estaban desde hacía varios meses en Venezuela en una operación encubierta contra importantes jefes de las Farc que se refugian en ese país.
Según pudo establecer SEMANA, guerrilleros de esa organización sospechaban que los dos hombres, que actuaban como infiltrados, eran en realidad militares. Hace poco tiempo los siguieron hasta Santa Marta, donde corroboraron que se trataba de uniformados. A finales de abril, los guerrilleros los dejaron ingresar de nuevo a Venezuela y allí les tendieron una celada.
Versiones entregadas a SEMANA por fuentes venezolanas aseguran que los dos militares fueron llevados a la sede de la Guardia Nacional en Santa Bárbara del Zulia, cerca del lago de Maracaibo. No se ha logrado establecer si sus muertes se produjeron dentro o fuera de esa guarnición.
Lo que sí confirman algunas fuentes de esta revista es que miembros de este organismo, en compañía de un guerrillero de las Farc, los sometieron a penosas torturas. Ellos habrían confesado que eran militares. Luego los mataron.
Otras agencias de inteligencia internacionales, sin embargo, aseguran que quienes actuaron en el doble crimen eran miembros de la Disip (servicio de inteligencia de Venezuela).
Respecto a los cadáveres también hay dos versiones. La primera asegura que los cuerpos fueron hallados como NN en un anfiteatro local. Y las familias, con apoyo de las Fuerzas Militares, habrían hecho los trámites para repatriarlos.
Otra versión conocida por esta revista asegura que los asesinos habrían cobrado a los militares colombianos 20 millones de pesos por el cadáver del suboficial y 50 millones por el del capitán. Lo que sí está claro, y fue confirmado por SEMANA, es que los cuerpos llegaron a Bogotá con casi dos semanas de diferencia.
La noticia sobre estas muertes pasó inadvertida. El 4 de mayo, el periódico El Informador de Santa Marta publicó una sencilla nota en la que anunciaba que los familiares de los militares muertos esperaban sus cuerpos en La Raya, paraje fronterizo cerca de Maicao en La Guajira. Pero la gravedad del tema es inocultable.
¿Por qué los gobiernos han guardado silencio ante semejante crimen? Obviamente porque el capitán González y el cabo Martínez estaban en una misión oficial. Aunque el fin es legítimo –hacer inteligencia a los jefes de las Farc–, el medio –hacer operaciones encubiertas en un país vecino– es ilegal. Por eso los militares colombianos han tenido que tragarse en silencio el amargo trago de enterrar a dos hombres que prácticamente son mártires, como si se tratara de dos ciudadanos comunes.
El silencio de Venezuela también es obvio. Todas las hipótesis sobre el doble crimen apuntan a que hubo miembros de agencias oficiales involucrados. Y que estos miembros actuaron en coordinación con por lo menos un guerrillero de las Farc.
Este gravísimo incidente es muy revelador. Demuestra que los mecanismos de cooperación en materias militares entre los dos países no funcionan. Si Colombia envía a sus hombres en misiones arriesgadas a Venezuela, es porque no existe la confianza para apoyarse en los organismos de seguridad del vecino país.
En otros momentos, actuaciones similares han sido motivo de grandes escándalos diplomáticos. Hace dos años, la captura ilegal de Rodrigo Granda en Caracas, también por colombianos encubiertos, apoyados por agentes venezolanos, estuvo a punto romper las relaciones diplomáticas entre los dos países. En esa ocasión, cuatro policías de inteligencia fueron capturados y puestos en evidencia. A principios de este año también se presentó un caso donde dos militares retirados cayeron, también encubiertos, en manos de autoridades venezolanas, sin que el caso pasara a mayores.
Esta vez muchos se preguntan si los venezolanos involucrados estaban al servicio de las Farc, es decir, si se trata de un caso de corrupción. O si, por el contrario, es una advertencia de sangre para todos los organismos de inteligencia colombianos.
En todo caso, este episodio vuelve más complejas las ya difíciles relaciones con Venezuela, especialmente en materia de seguridad. Una persona de rango relativamente alto, como lo era el capitán González, se involucra en operaciones encubiertas cuando estas apuntan a objetivos igualmente importantes, y en momentos en las que estas van por muy buen camino. La crueldad con la que fueron asesinados demuestra que las Farc –y quién sabe si los agentes venezolanos– querían enviar un mensaje contundente.
Esta dramática historia también demuestra que en materia de inteligencia y contrainteligencia, la guerrilla está aprendiendo. Y eso hace más difícil aun lo que sigue de la guerra.
Así como las Fuerzas Armadas saben que de la inteligencia depende el giro que tenga la confrontación en los próximos años, las Farc han dedicado más esfuerzo y recursos para proteger a su gente en el exterior. Al fin y al cabo, fuera de las fronteras han sido capturados dos de sus hombres más importantes –Granda y Trinidad– y fuera de las fronteras se encuentran varios de los que hoy dirigen los destinos de esa guerrilla.
Los solitarios funerales que tuvieron el capitán González y el cabo Martínez son doblemente dolorosos para sus familiares y compañeros. Se sacrificaron por el país de manera extraordinaria. Y ni siquiera pudieron tener honores militares.
Ante toda esta extensa evidencia, la Fiscalía de Venezuela, ni el CICPC y mucho menos la Asamblea Nacional ha realizado investigación alguna o detenciones ante este revolución para el delito. Domingo Parte II.
Publicado en www.impactocna.com
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